El fiscal provincial penal de la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de San Martín, José Luis Villalta Arriaga, presentó ante el juez del juzgado de investigación preparatoria de San Martín, el requerimiento de acusación en contra de Carlos Eduardo Philco Balvín y Julio Abraham Chávez Chiong, en calidad de coautores, y contra Christian Román Meléndez V á s q u e z , V í c t o r R a ú l Alderete Villarroel por la comisión del delito en contra de la administración pública. El caso, responde a la realización de un evento fantasma en las instalaciones del hotel Nilas en marzo del 2015. La municipalidad efectuó el lanzamiento de la “Marca Morales” en el Cine Star del distrito, cedido por su propietario don Varun Kumar Kapur, sin firma de documento alguno y menos sin la responsabilidad de brindar algún tipo de alimentación. No obstante, semanas después, el gerente del hotel Nilas, Javier Saavedra Delgado, cobra al alcalde Carlos Philco, una deuda por incumplimiento contractual de los arrendamientos de los departamentos 207 y 110 que eran ocupados por Carlos Eduardo Philco Balvin y Julio Abraham Chávez Chiong, cuya deuda de ambos ascendía a 4535.50 soles, requiriendo el pago vía carta notarial. Es así que en el mes de mayo, el entonces encargado de relaciones públicas, Christian Meléndez Vásquez, fue llamado por el gerente municipal Julio Abraham Chávez Chiong para decirle que tenía que hacer un requerimiento para que realice un supuesto evento de la marca morales en el hotel Nilas ya que el alcalde tenía una deuda con dicho hotel. Debía de hacer una reunión con empresarios a fin de hacerles conocer cómo iba a funcionar la “Marca Morales”. El pago del alquiler de ambos departamentos se efectuó, pero el evento en el hotel Nilas jamás se llevó a cabo. En su momento el alcalde Philco trató de desvirtuar negando que haya tenido algo que ver en el pago de los arriendos de los departamentos con cheque de la municipalidad distrital de Morales. Pero, no solo eso, sino que en ese momento también embarró a su hasta entonces jefe de relaciones públicas cargándole todo el peso del problema. Sin embargo, el Ministerio Público, tras la investigación efectuada, pide 4 años y seis meses de pena privativa de libertad efectiva en su ejecución, además del pago de 203 días multa y la imposición accesoria de pena de inhabilitación por el mismo periodo de la pena principal.
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