Con la finalidad de conseguir más presupuesto para atender a mayor número de beneficiarios y a efectos de no generar duplicidades, el Gobierno Regional de San Martin – GORESAM está siendo muy cauteloso con el pago de la deuda social siguiendo estrictamente la Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales Nº 30137. Al momento está a la espera de que el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF publique primero la lista complementaria.
El procurador público regional, César Olano Rojas, explicó que si el gobierno regional publicara la lista de beneficiarios antes que la lista complementaria del MEF, el índice de duplicidad sería inmenso y se generaría un daño muy grande a una serie de beneficiarios al tener que revertir ese dinero al Estado.
“Hemos hecho la consulta al MEF y nos han confirmado que si no hemos efectuado ningún pago no hay lista que publicar para evitar duplicidades, lo mismo nos han informado desde el Consejo de Defensa del Ministerio de Justicia; tenemos las respuestas oficiales de los dos órganos rectores en este aspecto que han sido muy claros, es por ello que estamos siguiendo estrictamente lo que norma la Ley Nº 30137”, manifestó el procurador.
Indicó que además de los saldos presupuestales que pueden ser destinados para pago de deudas sociales a fin de año, los gobiernos regionales tienen que destinar el 3% o el 5% de su Presupuesto Inicial de Apertura – PIA para pago de la deuda social; dicho porcentaje lo deciden los gobiernos regionales y además tienen la libertad de programar las fechas de pago, es por ello que muchos gobiernos regionales pagan una vez al año.
Sin embargo en San Martín se ha dispuesto pagar el máximo que la ley le permite (5%), con el ánimo de otorgarles cierta tranquilidad a los beneficiarios, entendiendo que esta es una deuda que lo ha generado el gobierno nacional y solamente las responsabilidades de pago lo han derivado a los gobiernos regionales.
Asimismo el gobernador Noriega, preocupado por la cantidad de beneficiarios con enfermedades graves y terminales que no están siendo priorizados en el pago de la deuda social porque la ley no contempla expresamente este tipo de casos, ha dispuesto que se inicie a través del área de Asesoría Legal del GORESAM las gestiones para una modificatoria legislativa que permita realizar este tipo de priorizaciones.
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