¿Debe haber cambios en la ley que prohíbe la entrega de dádivas? RPP Noticias consultó con especialistas sobre la conveniencia de mantener o modificar la ley que prohíbe que los candidatos entreguen regalos durante la campaña.

Durante la campaña electoral del 2016, un candidato presidencial, César Acuña, y otro a la vicepresidencia, Vladimir Huaroc, quedaron fuera de carrera por entregar dádivas. Por ofrecer dinero y regalar botellas de agua, específicamente. Era la aplicación de la rigurosa legislación que se  aprobó para esas elecciónes: la total prohibición de entregar dádivas bajo pena del retiro inmediato de las candidaturas.

Hoy el tema está en revisión en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, que ya tiene un predictamen sobre la materia, como precisa Percy Medina de Idea Internacional. “Ese dictamen, en concreto, establece límites para la entrega de bienes en un proceso electoral. Esos bienes tienen que ser de dos naturalezas: propaganda propiamente electoral o bienes que se pueden consumir inmediatamente en la actividad en la que se está desarrollando la campaña”.

Regular o no regular. Sin embargo, para Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la ONPE y experto en materia electoral, esta regulación es paternalista y debería eliminarse, pero si se mantiene, debería considerar ciertas modificaciones. “Debería retirarse ese artículo. Si no se quiere, en todo caso debería ser una sanción con principios de gradualidad o proporcionalidad. Uno de los principios fundamentales de los derechos, amparado a nivel internacional, es el de la participación política”.

Las próximas elecciones en el Perú serán las regionales y municipales del 7 de octubre del 2018. Deben convocarse en febrero de ese año.

Medina destaca como positivo el establecimiento en este proyecto los criterios de proporcionalidad y gradualidad en las sanciones a los infractores: los candidatos. “La sanción se haría de acuerdo con la gravedad de la falta y al mismo tiempo, si es que se ha reiterado o no esta falta”. Sin embargo, Tuesta se muestra escéptico.

Contra el reloj. Según el politólogo, es materialmente imposible que se fiscalice a todos los candidatos, además de la desnaturalización de las funciones de la ONPE que esa tarea supondría. “Si la ONPE tiene que supervisar, como señala la ley, en las próximas elecciones regionales y municipales habrá 110 mil candidatos. ¿Cómo una institución que se debe centrar en organizar elecciones va a desviar recursos y atención para percibir candidatos?”

La tarea corresponde al Congreso de la República, que no tiene mucho tiempo: el proceso debe convocarse en febrero del próximo año. El plazo ya está corriendo.