La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat) ordenó el embargo de propiedades y cuentas bancarias por 80 millones de soles (unos 25 millones de dólares) de la constructora brasileña Odebrecht, firma que reconoce el pago de millonarios sobornos en el país. La disposición fue confirmada a la AFP por una fuente de la Sunat. Según detalló hoy el portal 'Ojo Público', el Código Tributario permite tomar esta decisión cuando el comportamiento del deudor permite presumir que la cobranza será infructuosa o cuando puede ocultar sus activos o falsear su contabilidad. La medida se adopta mientras se desarrollan las investigaciones del Ministerio Público. Debido a la magnitud de la firma, que se instaló en Perú en 1979, la Sunat la tiene en la lista de principales contribuyentes en Perú. De acuerdo con 'Ojo Público', el monto total del embargo a todas las compañías brasileñas implicadas en pago de sobornos a cambio de obras en Perú, caso conocido como "Lava Jato", asciende a unos 75 millones de dólares. TERRENOS. El embargo a Odebrecht se aplicó a terrenos que posee en el norte de Perú, donde la firma desarrolla un proyecto de irrigación. En tanto, la Procuraduría que investiga el caso de 'Lava Jato' informó que ha solicitado ante la justicia una reparación civil provisional de 200 millones de soles (unos 60 millones de dólares) por los casos de pago de sobornos reconocidos por Odebrecht, a funcionarios de distintos gobiernos del Perú. El pago sería solidario, es decir, cubierto por todos los implicados. En diciembre pasado, Odebrecht reconoció ante la justicia de Estados Unidos el pago de sobornos en Perú por 29 millones de dólares entre el 2005 y el 2014, para ganar obras públicas. Esto implica a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Toledo, quien se encontraría en Estados Unidos, es acusado de recibir 20 millones de dólares de Odebrecht y Perú tramita su extradición. Hasta ahora hay tres exfuncionarios del gobierno de Alan García en prisión por supuestamente aceptar un soborno de 7 millones de dólares a cambio de favorecer a Odebrecht con la obra de la Línea 1 del Metro de Lima. Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes cuentan con restricciones para salir del país, están siendo investigados por lavado de activos por financiar presuntamente su campaña electoral con dinero procedente de Venezuela y de Brasil. Según documentos de la Policía Federal de Brasil, Odebrecht entregó 3 millones de dólares para la campaña de Humala, algo que ellos niegan.

La procuradora pública ad hoc, Katherine Ampuero, solicitó hoy el pago de 200 millones de soles (61 millones de dólares) como reparación civil al expresidente Alejandro Toledo y el exdirector de Odebrecht Jorge Barata, entre otros implicados, en el escándalo de sobornos de esa compañía en nuestro país.

En una audiencia en la Sala Penal Nacional, la procuradora precisó que el pedido va contra Toledo y Barata, quien admitió haber entregado una coima de 20 millones de dólares al exmandatario, así como de Josef Maiman, el empresario amigo del ex líder de Perú Posible que se presume recibió los sobornos en cuentas de sus negocios en el extranjero.

También pagarán en forma solidaria el exviceministro de Comunicaciones del segundo Gobierno del expresidente Alan García (2006-2011) Jorge Cuba y su pareja Jessica Tejada, y los exfuncionarios Edwin Luyo, Miguel Navarro y Mariella Huerta.

Cuba y sus coprocesados, todos detenidos menos Huerta, son acusados de haber recibido una coima de dos millones de dólares para facilitar que Odebrecht gane la licitación para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

"El daño extrapatrimonial contra el Estado, a su imagen y a la institucionalidad del país, es incalculable", afirmó la Procuradora ad hoc.

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Este jueves, el expresidente Alan García dijo que conocer que Cuba y otros han recibido dinero, durante su Gobierno, ha sido "una puñalada en la espalda" y añadió que él no participó en su nombramiento en el Ejecutivo.

Durante la audiencia de hoy, el juez Richard Concepción Carhuancho consideró legítima la intervención de la Procuraduría Ad Hoc como actor civil para el caso de los sobornos entregados por Odebrecht.

En tal sentido, la procuraduría estará facultada para ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación, intervenir en el juicio oral e interponer recursos impugnatorios para colaborar en esclarecer los presuntos hechos delictivos investigados.

Odebrecht declaró haber pagado 29 millones de dólares en sobornos en Perú entre 2005 y 2014 para intervenir en obras de infraestructura en un periodo que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).