El exministro aprista es acusado de tráfico de influencias durante su cargo en agravio del Estado.
A través de un comunicado, el colegiado señaló que esta decisión fue adoptada debido a que los hechos expuestos por la Procuraduría “no se encuadran dentro de los presupuestos exigidos por el Código Procesal Penal”.
Sin embargo, dispuso requerir de manera inmediata el embargo de los bienes del procesado, para lo cual se deberá proceder de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal.
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