Según el documento presentado, se sostiene que el día de los comisios electorales, el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), dispuso el desalojo de los personeros de los centros de votación, excepto del miembros de movimiento político Acción Regional.
Asimismo, señalan que personal de la ONPE una vez que decidió anular las elecciones procedieron a quemar las actas, según constatación realizada por la Policía Nacional y el Ministerio Público.
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