Candidato congresal exige 10 millones de soles a periodistas por daños morales La Asociación Nacional de Periodistas del Perú afirma que los funcionarios crean una atmósfera de miedo con demandas

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Marco Falconí Picardo, candidato a la reelección congresal por Alianza por el Progreso, realizó una demanda a los periodistas del diario Correo, Julio Ancalle Gutiérrez , Carlos Navea Paredes e Iván Slocovich Pardo, y pide una reparación civil de 10 millones de soles por el daño moral, debido a revelaciones periodísticas que el medio  habría ocasionado.

El proceso se sigue en el Primer Juzgado Mixto del Módulo de Justicia de Paucarpata. De esta forma, en el caso de Iván Slocovich y Carlos Navea,  el proceso alude a una nota periodística publicada en agosto del 2014. Por su parte, Julio Ancalle es juzgado por una nota política donde denuncia que Falconí Picardo recibió sueldo y gratificación por fiestas patrias, pese a estar con licencia en el Congreso por postularse a la presidencia del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Asimismo, el  periodista basó su denuncia en documentación oficial del Poder Legislativo en el que se confirmaba que se hizo el depósito de dicho dinero a la cuenta del congresista. Sin embrago, Falconí Picardo alega que dicha información es falsa y que él devolvió ese dinero depositado por error administrativo en su cuenta.

Igualmente,  funcionarios del  GRA han querellado a las periodistas locales Zenaida Condori Contreras y Nery Alemán. En el primer caso, la jueza ha fallado a favor de la periodista considerando que con la denuncia periodística que realizó no cometió ningún delito.

En consecuencia de la creciente persecución judicial contra la prensa independiente en Arequipa,  periodistas de diversos medios de comunicación radial, escrita, televisiva, y digital se movilizaron demandando respeto a la libertad de informar actos irregulares por parte de funcionarios públicos y autoridades.

Por último, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) señala que estas querellas son instrumentos de mordaza impuestas por  funcionarios públicos porque  intentan crear una atmósfera de miedo o temor para quienes tienen la responsabilidad de informar. La ANP deplora que se apele a exigir indemnizaciones millonarias impagables para periodistas y medios de comunicación.