En Perú hay 13 mil 241 locales privados y autorizados para dictar clases en los niveles de inicial, primaria y secundaria con 1.9 millones de estudiantes matriculados a diciembre pasado, según la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. Del total, Lima concentra el 45% de la oferta con 6030 locales y, de este porcentaje, su provincia homónima el 42% con 5641.
Sin embargo, en el mercado de la educación privada también hay locales no autorizados para brindar clases. Solamente en Lima Metropolitana hay más de 300 establecimientos de este tipo que ya están siendo fiscalizados y clausurados por los municipios en conjunto con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Estos centros, además de jugar con la formación de niños y adolescentes, también ponen en riesgo sus vidas por la falta de seguridad en sus infraestructuras.
RPP Data acompañó un operativo de cierre de locales ilegales en Comas y observó que uno de los argumentos que usan sus representantes es tener todos los papeles en orden, pero en trámite. Juana Sono, jefa de la oficina de Supervisión del Servicio Educativo de la DRELM, reitera que “para matricular a los estudiantes es necesario saber que el colegio cuenta con la autorización ya firmada, con una resolución que emite la dirección regional. Nunca está en trámite porque muchas las solicitudes de autorización no necesariamente van a tener una respuesta positiva”.Violaciones a las normas, multas y deudas
Entre las faltas más recurrentes de los centros educativos está ofrecer servicios diferentes a los autorizados; por ejemplo, tener permiso para el nivel primario e incluir también el de secundaria. El 2016, la DRELM sancionó a 30 colegios privados con 3 millones 950 mil soles, equivalentes a 1000 UIT (Unidades Impositivas Tributarias).
En los últimos seis años, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso 4670 sanciones a 1830 colegios privados y multas por más de 15 millones de soles (4249 UIT), según comentó su funcionaria María del Carmen Perea, de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor.
Veintisiete empresas o personas que acumulan las multas más altas impuestas con 4.7 millones de soles, a partir de 13.6 UIT cada una, tienen 185 sanciones y están encabezadas por Francisco Juan Espinoza Jáuregui, según analizó RPP Data. A este personaje, expromotor de la I.E.P. Cristo Redentor de Chorrillos, se le impuso más de 2 millones de soles por no haber brindado seguridad y medidas de prevención adecuadas para evitar la violación a un estudiante en el 2012, no haber comunicado a la autoridad competente sobre el hecho y por no haber implementado acciones idóneas luego del ultrajo.
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