La posibilidad de que en el Perú se aplique la pena de muerte para sancionar a los acusados de violación sexual y feminicidio, es un tema que el Poder Ejecutivo podría evaluar, así como otra medidas que ayuden a contrarrestar las denuncias de violencia hacia las mujeres.
Fue el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien abrió la posibilidad de que en su Gobierno se haga esta valoración.
“Hay que evaluarlo. El tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso de la República, en consecuencia, estamos próximos a tener una representación”, dijo al participar en la inauguración de la feria Perú Produce Mujer 2020 en Los Olivos.
También agregó que se “redoblarán” esfuerzos para disminuir el índice de violencia hacia las mujeres. “Hay que analizar todas las opciones que haya y veamos lo que realmente sea efectivo”, expresó el mandatario.
La propuesta de Vizcarra fue anunciada en una coyuntura en la que el Gobierno debe evitar la propagación del coronavirus en el país; resolver el cuestionamiento a su ministros de Transportes, Carlos Lozada y de Producción, Rocío Barrios; analizar el sistema jurídico sobre sanciones a adolescentes violadores, como en el caso de la pequeña Camila; entre otros.
Por otro lado, hoy el primer ministro, Vicente Zeballos, se reunirá con cuatro bancadas donde también analizarán el tema de los Decretos de Urgencia.
pacto de san josé. Fue firmado el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigor en 1978 en los 24 países que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos, el Perú. El tratado es una de las bases de protección de los derechos humanos a nivel internacional. Cabe precisar que en el Perú sí existe la pena capital, pero solo para los casos de traición a la patria en tiempos de guerra y por terrorismo.
SIN DEMAGOGIA. El constitucionalista Omar Cairo señaló que el tema debe ser tratado sin demagogia. “Cuando se dice que la pena de muerte va a ser una solución inmediata para violaciones o ciertos delitos, se está desinformando. Solamente se puede establecer en el Perú apartándose del Pacto de San José”, dijo.
Resaltó que el mandatario puede pedir evaluar este tema al Congreso y es allí, el escenario, donde se toma la decisión final con el voto de los legisladores, porque -según explicó- “el tratado es una norma de derecho con rango de ley”.
El jurista explicó cuál es el proceso para aplicar la pena capital en el Perú. (ver infografía).
El especialista anotó que el Perú tiene “derecho pleno” de renunciar al tratado y nadie (ningún órgano internacional) le puede decir que no. Precisó que si el Perú se aleja del Pacto “se coloca en una situación internacional de desprestigio” por quitar a sus ciudadanos el derecho a la protección internacional.
Por su parte, el legislador Carlos Mesía (FP) dijo que no podría respaldar esta propuesta. “Es una cosa muy ligera como para respaldar, primero hay que evaluarla bien (...) Las cosas hay que tomarlas con precaución”, dijo.
Señaló que la aprobación o apartamiento (del tratado) pasa por el Congreso, pero se da por iniciativa del propio presidente de la República.
Entre tanto, el exministro Pedro Cateriano se pronunció en contra de tal medida, argumentando que “otorgar esa facultad al Poder Judicial, conociendo la grave situación en la que se encuentra, sería muy peligroso” para la vigencia de los derechos humanos y anotó que los graves problemas del Perú no se arreglan “fusilando”, ni “con silla eléctrica”.
A su turno, Alberto de Belaunde (PM) dijo que la propuesta no es disuasiva y más bien se incumpliría con el compromiso internacional de los derechos humanos y se iría en contra de la tendencia internacional debilitando la imagen del país. “Peligroso juego político del presidente”, sentenció.
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