lunes, 8 de marzo de 2021

Reportaron a 450 niñas, adolescentes y mujeres como desaparecidas en febrero Según informe de la Defensoría del Pueblo


Durante febrero, la Defensoría del Pueblo informó que 450 niñas, adolescentes y adultas mujeres fueron reportadas como desaparecidas, lo que supone un promedio de 16 reportes por día y un incremento con respecto a enero. Esta situación preocupa a la institución, por lo que se solicita garantizar las diligencias mínimas y acciones de búsqueda oportuna en todos los casos para evitar desenlaces fatales, como lo ocurrido en Tacna.

En enero, 311 niñas/os y adolescentes fueron reportadas/os como desaparecidas/os. De esta cifra, 268 eran niñas y adolescentes mujeres, es decir, un 86 %, lo cual reafirma la mayor vulnerabilidad por el factor de género de las víctimas. Territorialmente, Lima sigue siendo del departamento con más notas de alerta (125), seguida de Lambayeque (19), Cusco (18), Piura (15) y Arequipa (13).

Asimismo, 182 mujeres adultas fueron reportadas como desaparecidas en febrero, lo cual representa un 9 % más que enero. Este aumento se ve reflejado principalmente en Lima (60), seguido de Arequipa (15), Lambayeque (13) y Callao (11).

Cabe recordar que, ante una desaparición, el Estado debe cumplir con la debida diligencia a través de una intervención oportuna y acciones mínimas de búsqueda e investigación con enfoque de género. Esta actuación debe ser pronta e inmediata para ubicar a las víctimas, por lo que es clave que existan procesos adecuados de denuncia que posibiliten la investigación desde las primeras horas de la desaparición bajo la presunción de que las personas siguen con vida y privadas de su libertad.

No obstante, en febrero, la Defensoría del Pueblo advirtió en Tacna una presunta red delictiva que implica a efectivos policiales de la Sección de Delitos, Secuestros y Personas Desaparecidas de la PNP. Ello dificultó las labores de búsqueda de una adolescente (14) y una joven (20) reportadas como desaparecidas en esta región el año pasado, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados el 9 de febrero.

Ante ello, se ha solicitado una profunda investigación no solo en estos dos casos, sino que se extienda hacia aquellos que resulten responsables de dicha presunta red delictiva en la PNP de Tacna. Además, se deben reforzar las diligencias y las actividades de búsqueda de mujeres desaparecidas en esta región, lo cual debe implicar una rotación permanente de personal para evitar entorpecer las investigaciones.

Adicionalmente a ello, en febrero, se advirtieron 8 feminicidios, en 3 de los cuales las víctimas habían sido reportadas previamente como desaparecidas. Asimismo, se produjeron 3 tentativas de feminicidio (en Lima, Madre de Dios y Apurímac) y 1 muerte violenta (en Moquegua), que aún viene investigándose de acuerdo con el protocolo del Ministerio Público.

De otro lado, es clave seguir fortaleciendo el Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Para esto, es necesario que se pueda acceder directamente a las notas de alerta de meses pasados y que se subsanen los problemas en los registros de datos de las víctimas. Además, es necesario fortalecer la sección ¿Cómo denunciar? con datos como la no necesidad de esperar 24 horas para denunciar la desaparición, las diligencias urgentes e inmediatas para la investigación y búsqueda, entre otros.

De otro lado, es necesario que se incluya la cantidad de personas ubicadas y en qué estado fueron halladas en el Registro de Información de Personas Desaparecidas (Reniped), disgregada por edad, identidad de género, entre otros. Asimismo, se debe seguir capacitando al personal policial sobre el registro de información de las denuncias y en el tratamiento de las mismas, lo cual también debe extenderse al personal de los centros emergencia mujer, unidades de protección especial y Línea 100.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo insiste en que la desaparición de mujeres por particulares debe incluirse como una forma de violencia tanto en la Ley N° 30364 como en el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021. Esto permitirá darle visibilidad y especializar los servicios de atención a las víctimas, además de formular e implementar políticas públicas y mecanismos de acción territoriales y desde un enfoque interseccional.


 

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