Las acciones de fuerza asumidas en Cusco, tras la postergación del inicio de la obra del Aeropuerto Internacional de Chinchero, generarían denuncias en contra de autoridades regionales y locales, por utilización indebida de recursos del Estado y otros delitos.
El prefecto regional de Cusco, Edwin Espinoza, informó a RPP Noticias, que los funcionarios habrían incurrido en irregularidades al momento de convocar y encabezar manifestaciones, como el paro de 72 horas, suspendido ayer.
Aseguró que la fiscalía de Prevención del Delito debe iniciar las investigaciones y efectuar la denuncia respectiva, dado que incluso algunos burgomaestres habrían utilizado logística de las municipalidades para el bloqueo de vías.
“Con lo que han hecho prácticamente le han dicho a la población que pueden hacer lo que les dé la gana en la región, pienso que el Ministerio Publico debería pronunciarse, porque prácticamente están enseñando que con la fuerza con el chantaje se consiguen las cosas”, manifestó el prefecto de Cusco.
Para la autoridad política, el gobernador Edwin Licona y los alcaldes que participaron en la medida “no actuaron responsablemente”, dado que ellos conocían que el aeropuerto se ejecutaría, incluso si la medida de lucha se aplicaba o no.
Aseguró que las autoridades conocen que no deben convocar ni efectuar acciones de fuerza, incluso contarían con un área de asesoría legal para evitar incurrir en irregularidades, por lo que no dudó en interponer acciones legales que sirvan como precedente.
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