San Martín logra histórica derogatoria de la Ley N.º 31973 en defensa de su territorio
Este es el resultado del trabajo articulado entre la Defensa Jurídica del Estado, la Procuraduría Pública Regional y el compromiso de ciudadanos y grupos ambientalistas de San Martín
En un hecho sin precedentes, la región San Martín alcanzó la inaplicación total de la Ley N.º 31973, luego de recibir la notificación oficial de la sentencia de vista emitida por la Sala Civil de San Martín, que declara la inaplicación de la Única Disposición Complementaria de dicha norma. Este pronunciamiento marca el cierre de una intensa y sostenida batalla legal emprendida en defensa del territorio, los bosques y los derechos de la región.
La Procuraduría Pública Regional comunicó hoy al Gobierno Regional de San Martín (GORESAM) esta resolución, la cual representa un hito jurídico que se suma a la sentencia previa del Tribunal Constitucional. Cabe recordar que el máximo órgano constitucional ya había declarado la inconstitucionalidad de la Ley N.º 31973; sin embargo, aún quedaba pendiente la disposición complementaria que hoy, con esta decisión, también queda sin efecto, consolidando así la victoria jurídica de San Martín.
Este resultado no es casual. San Martín fue la única región de la Amazonía peruana que mantuvo una posición firme, técnica y sostenida en rechazo a la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Bajo el liderazgo del gobernador regional Walter Grundel Jiménez, y en articulación con sociedad civil organizada y grupos ambientalistas, entre ellos la Asociación Eco Guerreros del Perú y del Mundo, organización que presentó una demanda de amparo contra la Ley N.° 31973, la región defendió que dicha norma ponía en riesgo la integridad de los bosques amazónicos.
La polémica modificación normativa, ahora desactivada en su totalidad, atentaba contra el patrimonio forestal reconocido al permitir la validación irrestricta de certificados de posesión, desconociendo la opinión vinculante de la Zonificación Forestal. Esta omisión abría la puerta a la deforestación indiscriminada, el tráfico de tierras y la ocupación desordenada dentro del patrimonio forestal de la nación, poniendo en grave riesgo la integridad de los bosques amazónicos y las comunidades que dependen de ellos.
Con el respaldo de ambas instancias —el Tribunal Constitucional y la Sala Civil de San Martín—, queda garantizado que la Ley N.º 31973 no será aplicada en el territorio regional. Este pronunciamiento reafirma la autonomía de San Martín, fortalece la institucionalidad regional y demuestra que, cuando existe unidad, firmeza y sustento técnico, es posible defender los derechos de la población frente a normas que vulneran sus intereses.
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